José Javier Cuenca

28.05.2019 Los ataques desde lo privado a la universidad pública

Hace poco escribí sobre una noticia relacionada con las donaciones de un conocido multimillonario a la sanidad pública. Concretamente, se trataba de una determinada tecnología puntera en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. Allí comentaba los argumentos principales usados contra esta práctica y además añadía que estos gestos esconden intereses que nada tienen que ver con la filantropía.

Aquí voy a tratar de explicar uno de los principales problemas a los que se enfrenta la universidad pública: la apropiación de capital intelectual público para satisfacer los intereses privados. Lo haré poniendo como ejemplo un mecanismo cada vez más usado de contratación científica.  Que conste, y es muy importante decirlo, que este problema es algo generalizado. Esto ocurre tanto en física como en historia o filosofía. En este texto voy a contar cómo es la cara del enemigo en lo referente a la ciencia, pero no quiere decir que sea un enemigo diferente en otros campos. De hecho, cuanto más pregunto, más cuenta me doy de que el mecanismo de destrucción de la educación y sanidad públicas son exactamente el mismo.   

Soy científico de profesión, concretamente astrofísico nuclear. Gran parte de mi formación científica la hice en el extranjero (Alemania) donde la realidad es muy diferente a la que se vive en España. Sin embargo, en mi regreso me ha tocado enfrentarme a esa realidad.  Por desgracia estoy escribiendo estas líneas el mismo día en el que abandono de nuevo España para seguir mi carrera científica en Alemania. 

España no es, sin lugar a dudas, el mejor lugar para ser científico. No voy a analizar cómo se ha llegado a esta situación, pero basta echar una mirada a la historia reciente para darse cuenta de que la investigación no ha sido una prioridad estatal. Todavía en 2019 estamos dando tumbos buscando un modelo productivo eficiente; tarea más que difícil teniendo en cuenta que la entrada en la UE supuso el desmantelamiento de gran parte de nuestro tejido industrial para pasar a ser dependientes de lo producido por otros.

El desequilibrio entre el coste salarial de producción de las mercancías fabricadas y el margen de ganancias obtenido trae como consecuencia directa la precarización de la clase obrera. Está claro que al no disponer de un sector puntero a nivel internacional y debido a las normativas europeas es imposible alcanzar un punto óptimo de oferta-demanda ventajoso. En este escenario, los salarios son bajos y tenemos un empobrecimiento de la clase obrera.

Una de las respuestas a este problema está en la inversión destinada a investigación y desarrollo (I+D) pero nunca ha habido una apuesta ambiciosa real por crear un tejido productivo innovador desapegado de las dinámicas empresariales más vinculadas a la explotación de capital humano, quizás motivados por el espíritu cortoplacista por obtener ganancias económicas a golpe de esa varita mágica que es la explotación laboral.

¿Desde dónde se invierte en I+D? Pues o bien desde lo público o bien desde lo privado, ya sea en forma de empresas o donaciones. En cualquiera de los dos casos España no ocupa un buen puesto en comparación con otros países de nuestro entorno. El caso de lo privado está relacionado con lo anteriormente expuesto, ya que al carecer de un tejido empresarial fuerte es imposible que las empresas se ocupen al mismo tiempo de producir e invertir en I+D. ¿Y lo público?

Las continuas políticas de recortes han precarizado todavía más la investigación que se realiza la clase obrera en las universidades públicas. Y decimos bien clase obrera, puesto que, aunque se vincule la imagen del obrero a un trabajador de baja o media cualificación, altas cualificaciones como las necesarias para los puestos de investigación universitaria también sufren condiciones laborales próximas a satisfacer, en cuanto a salario, mínimos de supervivencia. Desde los estudiantes de doctorado, pasando por investigadores retornados sin estabilizar o los contratados a proyecto sufren la realidad de los contratos basura de menos de 700 euros netos mensuales y las malas condiciones laborales dentro de la universidad, enganchando contratos de pocos meses de duración con varios meses de paro durante los que también se trabaja sin estar asegurado.

La lucha por la supervivencia de un proyecto de investigación, además de fomentar  el canibalismo entre grupos por la escasa financiación disponible, desvirtúa el valor de uso que le corresponde a una institución pública como es la universidad: el beneficio social que supone.

Este contexto ha llevado a algunas universidades a la bancarrota o a estar en deuda permanente. Como servicio público que es, el argumento económico no debería entrar en discusión: es un servicio y se tiene que dar. Sin embargo, hay un problema importante relacionado con la estructura interna universitaria. El hecho de que el personal estabilizado (profesores titulares y catedráticos, principalmente) tengan un desequilibrio entre el número de horas de investigación-docencia y la imposibilidad de ofrecer contratos dignos de personal investigador dificulta ese retorno social. Por lo tanto la universidad tiende a acumular profesorado dedicado a docencia (sin apenas horas de investigación) y sin dinero para atraer a gente que realice esa tarea investigadora. 

En este escenario las empresas privadas han aprovechado la ocasión para intervenir en lo público. La estrategia consiste en hacer uso de las estructuras de la universidad publica para proponer un proyecto del que luego sacan un jugosísimo beneficio económico a cambio de un coste ridículo en comparación a lo invertido. Voy a poner un ejemplo real para describir una de diferentes prácticas usadas por estas empresas.

Supongamos que una empresa privada, que se dedica a un determinado sector, recibe una ayuda pública para llevar a cabo un proyecto. Por ejemplo, la construcción de un determinado dispositivo que puede ayudar a tratar el cáncer. Para realizar esa tarea se requiere de personal altamente cualificado y con formación científica. En lugar de ofrecer contratos en el mercado laboral privado, lo que la empresa hace es ir a la universidad pública. La empresa se aprovecha de la escasez de financiación para ofrecer una especie de simbiosis, es decir, la empresa se convierte de repente en partner del proyecto de investigación. La universidad abre un contrato de investigador dentro de un grupo que en realidad va a ser aprovechado por la empresa. A cambio, el grupo recibe migajas en material, servicio técnico u otro servicio que sea de ayuda en la línea principal de investigación del grupo. Por seguir con el ejemplo antes propuesto, un físico de partículas es contratado en el departamento de nuclear para que trabaje para una empresa privada y financiado por ésta. Cada vez que una empresa usa personal de universitario, la universidad recibe un porcentaje del valor del contrato (como una especie de comisión) De esta manera la universidad recibe dinero por una plaza que no paga y así puede ayudar a solucionar sus problemas económicos. ¿Dónde está el truco? En las patentes.

Una vez desarrollada la máquina del ejemplo, la empresa privada va a ser dueña de la idea y puede patentarla sin problemas y así obtener beneficios derivados de su venta (en particular a instituciones públicas como los hospitales). De esta manera, si nos fijamos en el flujo de capital, vemos que desde lo público se ha beneficiado directamente a lo privado a costa de la precarización laboral. De esta manera, las universidades, con tal de pagar su deuda, se han convertido en algo más parecido a una  ETT al servicio de lo privado que a un centro de desarrollo de conocimiento y formación científica. Y a esto se ha llegado debido a las necesidades económicas que atraviesan tanto las universidades (como entidad) como los grupos de investigación, que  prácticamente se ven forzados a claudicar a estas prácticas con tal de sobrevivir y continuar con su línea investigadora.

Ya no es raro encontrar, en las universidades públicas, cátedras patrocinadas por multinacionales. Por ejemplo, podemos encontrar la “cátedra Burger King de la Universidad de Extremadura”  o la “cátedra UCM-Pfizer” por poner solo dos ejemplos. Esto supone poner al servicio de los intereses privados las estructuras públicas. Lo que en principio puede parecer una simbiosis o colaboración mutua acaba siendo una relación de sumisión de lo público en favor de lo privado. Ésto, ademas de suponer una contradicción del valor de uso de la universidad, es un peligro para el propio avance científico, pues al ser los intereses de una empresa privada meramente económicos -y en absoluto de progreso científico- tienden a obviar o intentar aminorar en lo posible los recurso y esfuerzos destinados a una parte imprescindible y porcentualmente elevada de la naturaleza intrínseca de la investigación científica que es el desarrollo de experimentos fallidos; imprescindibles por su carácter de allanamiento de las sendas encaminadas a descartar opciones que no van a funcionar y que permiten orientarse hacia la consecución de lo proyectado, por lo que gran parte de la investigación básica puede desaparecer al no ser de su interés.  Además, se corre el riesgo de introducir un sesgo en las investigaciones si al final los resultados no son interesantes para la empresa. Es importante destacar que en ciencia tan importante es saber si algo ha funcionado como si no.

Por ello es necesaria una apuesta por la inversión en empresa pública que sea capaz de patentar y exportar avances tecnológicos. Esto se consigue partiendo de los resultados obtenidos de la investigación básica realizada en las universidades y transformándolos para que sean de interés público. No toda investigación está destinada al éxito empresarial, pero es muy necesario que esos nuevos conocimientos supongan un avance en la tecnología de interés público y se realicen desde lo público.  Lo que a todas luces es incomprensible es que una empresa privada reciba ayudas públicas para desarrollar mercancías cuyos beneficios van íntegramente para ella y esto se haga a costa de la explotación de capital humano público.

Cada día vemos cómo la teoría liberal que defiende los intereses del capitalismo transforma la concepción de la realidad científica hasta convertirla en pura mercancía que se puede comprar y vender. Hoy muchas universidades pelean por la obtención de distintivos de calidad y excelencia investigadora que las haga más atractivas a futuras inversiones. Sin embargo, la realidad es que detrás de esos sellos de excelencia está la precariedad laboral y la lucha por conseguir las migajas de lo que se invierte en investigación y así que su línea investigadora sobreviva. Y esto ocurre incluso dentro de grupos que son parte de una colaboración a nivel internacional, donde además se añade el problema de la deslocalización y así la lucha por la obtención de capital es más amplia y entran más variables en el juego. Aquí solo hemos tratado el problema a nivel nacional, en lo que toca a nuestras universidades y su impacto en nuestro desarrollo. El papel de esos grupos dentro de las colaboraciones internacionales y las inversiones estatales en ellos merecen otro capítulo.

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26.05.2019  Esto de la filantropía burguesa ya está inventado        

La gente que me conoce sabe perfectamente que vivo sin televisión desde hace muchos años. El único contacto que tengo con las emisiones generalistas ocurre cuando estoy de visita en casa de mi madre, donde quiera o no algún tipo de programa me tengo que tragar. Aproximadamente esto ocurre dos semanas al año (una en verano, otra en invierno) y he de decir que cada vez me sorprende todo a peor.

Hace cosa de unos días, por casualidad, mi madre estaba viendo por televisión cómo un conocido cantante hablaba sobre las recientes donaciones de uno de los empresarios más ricos del planeta a nuestro sistema sanitario público. Me refiero, como no, a esta noticia: https://www.20minutos.es/noticia/3648485/0/donaciones-amancio-ortega-me-parecen-ejemplares-sostiene-belarmino-feito-fade/

y más concretamente https://www.elperiodico.com/es/yotele/20190522/duro-ataque-bertin-osborne-podemos-amancio-ortega-7467539

A la vista está que estos días el tema es fuente de polémica y parece que nuestra sociedad se ha polarizado entre los que consideran esto como una bendición y los que la consideran algo reprobable.

Yo soy comunista (en realidad siempre seré un aprendiz de comunista) y como tal creo que es necesario un análisis desde el punto de vista de la lucha por las cosas que se tocan y se comen. Esa lucha entre agentes contrapuestos existe y es lo que hace que la sociedad se mueva.  Sin embargo, la información de los grandes medios está elaborada desde otro punto de vista y es muy fácil alejarse de un análisis materialista para caer en otro que apela a los sentimientos y sensaciones de las personas que consumen esa información. 

No es raro, por lo tanto, encontrar razonamientos del tipo “¿qué daño puede hacer una donación multimillonaria? En la sanidad habrá los recursos de siempre más esa ayuda”. Este y argumentos similares son el ejemplo más claro de cómo el mensaje (neo)liberal ha calado en el subconsciente colectivo. El autor marxista David Harvey ha descrito estos mecanismos en varias de sus obras [1,2,3] donde se analiza de una manera detallada los intereses de las grandes fortunas en controlar los servicios públicos.

La sanidad es un servicio público, y esto es un derecho que ha sido conquistado a través de la larga lucha obrera. Como servicio público que es no busca el beneficio económico directo, sino la rentabilidad social. Es decir, al igual que la educación, la sanidad repercute directamente en el beneficio de toda la sociedad.

Actualmente, el sistema sanitario público se financia a través de la parte de los presupuestos generales del estado destinados a cada comunidad autónoma, así como con impuestos sobre servicios y consumo en cada región. O sea, cada vez que compramos algo en una tienda estamos aportando al sistema sanitario. Además, la asistencia es universal y completa.

Aunque siempre ha sido su deseo, la última crisis capitalista (que comenzó en 2008) fue la definitiva puerta de entrada para que las grandes corporaciones privadas se repartiesen el suculento negocio que suponía desmantelar los servicios públicos. Esto no es nada nuevo y ha sido el estandarte del modelo liberal: las barreras al flujo de capital no existen, y son los estados los que deben controlar mediante los medios coercitivos la propiedad privada. Sirvan como ejemplo Chile, Reino Unido o la caída de la URSS, donde la esperanza de vida cayó de golpe del orden de siete años después del desmantelamiento de los servicios públicos.

La ausencia de barreras al flujo de capital y la protección de la propiedad privada han hecho posible un desequilibrio que se decanta a favor del capital especulativo en detrimento del capital productivo. Por ello, los grandes empresarios no solo forman un imperio a partir de la globalización de la precariedad obrera, sino que también acumulan capital inmobiliario con el que especular o bien forman parte de fondos de inversión. Aquí es donde entran los mecanismos de ingeniería fiscal que hacen posible la magia de la evasión de impuestos.

Es precisamente el argumento de la evasión de impuestos el que ha sido utilizado recientemente contra la donación que Amancio Ortega ha hecho por valor de 320 millones de euros a la sanidad pública, más concretamente a través de unas máquinas capaces de tratar ciertos tumores. Esta manera de filantropía no es nueva: ya Engels escribió sobre ella en 1845 [4]:

“Usted dice que los ingleses ricos, que han creado establecimientos de beneficencia como no se ven en ningún otro país, no piensan en los pobres? Sí por cierto, ¡establecimientos de beneficencia! ¡Como si fuese ayudar al proletario el comenzar por explotarlo hasta sangrar para luego poder desagraviarlo con complacencia y farisaísmo con vuestro  prurito  de  caridad  y  presentaros  ante  el  mundo como grandes benefactores de la humanidad, mientras devolvéis a ese desdichado que habéis exprimido hasta la médula, la centésima parte de lo que le corresponde!” (Capítulo “la posición de la burguesía frente al proletariado”)

O sea, toda la riqueza que han acumulado a base de la explotación obrera y de la evasión fiscal es devuelto en forma de migajas a los explotados. En el fondo es manejar dinero que no es suyo y además tener beneficios fiscales por ello.

Sin embargo, el argumento de los impuestos debe de ser completado con algo más. En mi opinión existe un riesgo todavía mayor: el intrusismo de los capitales privados en lo público. Esa intrusión puede acabar completamente con el objetivo principal de cualquier servicio público, a saber, la rentabilidad social. Se corre el riesgo de convertir un servicio en una red de clientes. Estos falsos actos de filantropía no son gratuitos, puesto que en el fondo van tejiendo relaciones de dependencia y sensación de impunidad con los capitales privados.

En resumen: el estado de un servicio público no puede depender de la motivación personal de un gran capitalista hacia una determinada enfermedad. ¿Por qué no se hizo lo mismo con los pacientes de Hepatitis C que veían cómo se les negaba el tratamiento por razones económicas? Las máquinas que ha donado Amancio Ortega no suponen una innovación ni novedad en el tratamiento contra el cáncer: ya existen, son el resultado de una línea previa de investigación. Nunca se ha argumentando sobre las políticas de prevención. Y eso no es una decisión económica: es una decisión política. Además, siempre son los servicios que más afectan a la clase obrera los que están en el punto de mira de estos falsos filántropos. Muy extraño es ver estos gestos de caridad con el ejército o las fuerzas de seguridad del Estado. Por ello, es muy necesario mantener la suficiente firmeza política para protegerlos y no desvirtuarlos hasta convertirlos en dependientes de la beneficencia o caridad.

Referencias

[1] “Breve historia del neoliberalismo”, D. Harvey, Akal (2007)

[2] “El enigma del capital”, D. Harvey, Akal (2012)

[3] “Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo”, D. Harvey, Traficantes de sueños    (2014)

[4] “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, F. Engels, Futuro (1845)

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08.09.2018             EL PREOCUPANTE AUGE DEL FASCISMO EN ALEMANIA         

Ahora mismo estoy escribiendo estas líneas desde la ciudad alemana de Mainz, en Alemania occidental. Es una preciosa ciudad a orillas del Rin en la que he tenido la inmensa suerte de pasar una parte importante de mi vida.

Antes de comenzar a desarrollar un poco el texto me gustaría recalcar que esta parte del país en la que ahora me encuentro es una especie de burbuja, y explico por qué. La zona de Alemania conocida como Rhein-Main (las cuencas de los ríos Rin y Meno) es una de las más prósperas de toda Europa. Ciudades como Frankfurt, Wiesbaden, Mainz o Darmstadt, entre otras, acumulan un gran tejido empresarial así como importantes infraestructuras públicas. Mencionaré solo algunas de las grandes empresas que están en  Mainz y alrededores: Schott (empresa de vidrio que fabrica casi todos los cristales de televisiones o vitrocerámicas de Europa), la farmacéutica  Boehringer-Ingelheim, Opel (en Rüsselsheim, al lado de Mainz) o Merck (en Darmstadt) Además, las universidades son de una gran calidad y existen centros de investigación como GSI o la Agencia Espacial Europea en los que se llevan a cabo investigaciones punteras en diferentes campos de la ciencia y la tecnología.

Aunque parezca lo contrario no estoy en absoluto haciendo propaganda de estas empresas ni tampoco estoy comparando con la situación en España. He puesto estos ejemplos porque me van a ayudar a poner mi primer punto de apoyo: gran parte de la riqueza de esta tierra proviene del trabajo de los inmigrantes llegados a Alemania después de la II Guerra Mundial. Durante el proceso de reconstrucción, especialmente en 1959, las empresas alemanas carecían de mano de obra. Es por ello por lo que trabajadores de Grecia, España, Portugal y Turquía fueron contratados en masa para cubrir estos puestos de trabajo. Gracias a esta mano de obra las empresas crecían a ritmo alto a costa de la explotación laboral. Hasta la llegada de la CEE los trabajadores extranjeros no gozaban de las mismas condiciones laborales que los trabajadores alemanes; pero hay que tener en cuenta que muchos de estos inmigrantes lo eran por poco tiempo. Estaban emigrados el tiempo necesario para conseguir dinero suficiente con el que regresar a sus países de origen. Es por ello por los que muchos desistían de cualquier lucha sindical. Este escenario era el normalizado hasta los años 60, y a todas las partes implicadas les beneficiaba: por una parte, el trabajador ganaba mucho dinero en poco tiempo y regresaba a casa, por otra, las empresas alemanas obtenían grandes beneficios y por otro lado los países de origen veían cómo sus tasas de paro se reducían.

En esta parte del país se sabe y acepta que los inmigrantes son una parte importante de su riqueza. Es por ello por lo que no existen, salvo casos aislados, movimientos en contra de la población inmigrante. De ahí que al principio del texto haya dicho que esta zona es una burbuja.

Sin embargo, existen otros núcleos en los que la realidad es muy distinta. Ciudades del norte, cerca de la desembocadura del Rin, o en el este de Alemania viven situaciones que nada tienen que ver con esta parte del país. 

Cuando las condiciones laborales de la mano de obra extranjera se equipararon a las de los trabajadores alemanes, mucha gente ya no venía de manera temporal sino que traía o formaba familia en Alemania. El ritmo de crecimiento de esas familias era superior al del resto de familias alemanas, por lo que finalmente barrios enteros estaban habitados por personas inmigrantes. Esto, junto con la automatización de la industria, provocó que los puestos de trabajo disponibles fueran cada vez menos cualificados. De sobra sabemos, por la experiencia en España, que esto suele ser el caldo de cultivo de la intolerancia y xenofobia. Además, hay que tener siempre en mente  un hecho muy importante: la caída del muro de Berlín. Lo dejo de momento en el aire. 

En el año 2015 llegaron “de manera masiva” (lo entrecomillo porque el vergonzoso comportamiento de la UE en este asunto da para varios artículos) a Alemania refugiados sirios y afganos, lo cual hizo aumentar el miedo y el odio en la población más conservadora hacia los inmigrantes, en particular de religión musulmana. Es por ello por lo que el partido neonazi  Alternativa por Alemania (AfD) aprovechó esta corriente y obtuvo un 13% de los votos en las elecciones de 2017.

Recordemos que en Alemania está prohibido hacer el saludo nazi o la exhibición de símbolos relacionados con el nazismo, así como la negación del holocausto. Sin embargo, estamos viendo noticias estos días que deberían preocuparnos. Que algo esté prohibido no significa que no exista. Ese sentimiento de protección de valores nacionales está muy arraigado desde siempre por un alto porcentaje de la población, sobre todo en el este del país. El resurgir de estas corrientes de odio están provocando que esos sentimientos, que a pesar de su alto grado de odio e intolerancia no sean apología del nazismo, sí acaben confundiéndose y además salgan de manera conjunta a la calle. Es decir, este movimiento está compuesto tanto por neonazis como por personas que muestran intolerancia a todo extranjero no adaptado, figura que identifican con el inmigrante musulmán, especialmente.

Hay una especie de ley no escrita que dice que “cada vez que un movimiento fascista toma fuerza en la calle, inmediatamente debe de ser contrarrestado por otro para evitar que tome más fuerza”.  Ciudades del este de Alemania han vivido fuertes enfrentamientos entre neonazis y antifascistas. Sirva como ejemplo Leipzig, una ciudad de izquierdas en la que el nazismo ha ido cobrando cada vez más fuerza entre la población joven.  Este auge ha sido compensando por movimientos antifascistas, hasta el punto que podríamos decir que la ciudad está partida por la mitad.

Hasta ahora, todas las manifestaciones públicas de odio y apología del nazismo habían sido contrarrestadas por antifascistas y policía, es decir, el Estado no permitía ciertas manifestaciones públicas de odio. Sin embargo, estamos viendo como recientemente una marcha neonazi en Berlín fue consentida por la policía y además miembros antifascistas fueron detenidos por tratar de evitar el avance de la manifestación.

Esto es lo realmente preocupante. La DDR y el muro de Berlín fueron el freno para la expansión del nazismo en la posguerra. Sin embargo, ahora que no están su auge parece imparable. ¿Qué ha podido pasar y cómo se podría parar?.

En mi modesta opinión, se han juntado varios factores. Por una parte (y creo que es la componente principal) una prostitución del lenguaje, en el sentido de que todo lo relativiza y pervierte. De repente existe un debate sobre si el nazismo entra dentro de la libertad de expresión o no y de si por lo tanto debe ser respetada como opción de pensamiento. Existen personas, incluso que se consideran de izquierdas, que niegan que sean neonazis: simplemente son alemanes hartos de lo que están haciendo con su pueblo (sic) Esta especie de equidistancia o “buenismo” es un argumento que está calando cada vez más y más apoyándose en falacias del tipo “bueno, los musulmanes matan y violan; solo se defienden”.

Por otra parte, junto con el calado en el subconsciente colectivo de esos mensajes, tenemos la inacción o tibieza con la que la izquierda está actuando. Ya no en Alemania, sino a escala global. Prácticamente el peso de combatir el neonazismo recae sobre los grupos organizados antifascistas en la calle; pero ¿dónde están los valores Republicanos y de clase? Los partidos de izquierda en Europa se limitan a condenar acciones en la distancia, pero no hay un contramensaje que compense a los mensajes de odio dominantes. No están siendo el contrapeso ideológico y son cómplices de ese relativismo perverso.

Como comentario final: si finalmente ese mensaje gana, estamos perdidos.

Jose Cuenca

@joseMainz

https://www.facebook.com/JCuenca

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11.07.2018              SOBRE LOS MODELOS EDUCATIVOS         

                         

Lo confieso: en realidad este escrito inicialmente iba a tratar sobre un tema diferente, pero fue escuchar las palabras de nuestro nuevo ministro de Ciencia, innovación y universidades y he cambiado de enfoque sobre la marcha.

https://www.youtube.com/watch?v=62IDbTvmzRE   (La Vanguardia)

https://www.youtube.com/watch?v=e2JwAwRxA38   (aclaración en TVE)

Sus palabras toman como ciertos varios dogmas impuestos por el capitalismo y el neoliberalismo para degradar la educación pública. No voy a analizar más allá lo que dijo nuestro ministro en esos vídeos. Tampoco las posteriores justificaciones a sus palabras, que lejos de defender un sistema público de enseñanza, siguen dejando un regusto de defensa de lo privado frente a lo público. El objetivo del artículo, como digo, no es hablar del ministro. Simplemente vamos a escuchar sus palabras y las dejaremos aparcadas en un segundo plano, como si fueran posos de café en una taza. Pero antes de nada vamos a empezar por el principio.

¿Qué es la escuela privada? ¿Qué es la escuela pública? ¿Y la concertada?

Después de haber escuchado a la gente opinar por foros, en la calle o en el bar me estoy dando cuenta de que no parece estar muy claro cómo se estructura el sistema educativo en España. Voy a tratar de ser breve y dejar la idea general sin aportar muchos datos técnicos.

Todas las escuelas en España se pueden dividir atendiendo a los criterios de administración y financiación, es decir, a cómo se organizan y gestionan sus recursos para obtener el mejor rendimiento y por otra parte de dónde sacan el dinero para conseguirlo. De esta manera podemos encontrar en nuestro sistema educativo tres categorías de enseñanza: la pública, la concertada y la privada. 

·          La escuela pública está financiada a través de dinero público y la administran los organismos públicos.

·    La escuela concertada está administrada por empresas privadas pero se financian a través de lo público y aportaciones privadas (generalmente de los padres y madres de los alumnos).

·    La escuela privada está administrada y financiada exclusivamente por entidades privadas, ya sean empresas o personas.

Tradicionalmente se ha asumido de manera equivocada que la educación privada (o concertada) es mucho mejor que la pública. Esta postura no es más que una falsa sensación de éxito social basada en la pertenencia a una elite. Es decir, se tiene una visión de la educación como si de una mercancía más se tratase y por lo tanto tiene un precio que depende de su calidad. Por ello, a mayor precio, mejor calidad. Este argumento, aparentemente verdadero, acaba siendo falso. Tengamos en cuenta que todo negocio, como lo es el de la educación privada, está enfocado al beneficio económico a través de la venta de bienes y servicios a clientes. Es por ello por lo que tradicionalmente las escuelas privadas han ido tejiendo a lo largo del tiempo una red clientelar casi sectaria.

Existen varios colegios en Madrid cuyos alumnos acaban alimentando los puestos de alta dirección de grandes empresas. Todos hombres, por supuesto. ¿Implica esto que es de mejor calidad? Claramente no. Tengamos en cuenta que las empresas que gestionan la educación privada suelen estar ligadas a la iglesia católica, lo que ya otorga de antemano un determinado sesgo al alumndo y profesorado. Además, suelen ser centros que fomentan la segregación por sexos. De esta manera, se pierde el carácter universal e igualitario de la educación. Resulta muy difícil luchar por una igualdad real entre hombres y mujeres si durante el proceso educativo se mantienen este tipo de estereotipos.

Más allá de la escuela privada, peor todavía es el caso de la educación concertada, ya que posee todos los mecanismos de exclusión social de la privada, pero encima está financiada con dinero público.  Las estadísticas nos dicen que más del 90% del alumnado con necesidades especiales son directamente rechazados por la concertada y son asumidos por la escuela pública; saltándose los criterios de cercanía al domicilio o si existen familiares en el centro educativo.

Estos conciertos educativos fueron creados en 1993 por el gobierno del PSOE con la idea de universalizar la educación al ser complementaria de la educación pública. Sin embargo, después de estos años hemos visto cómo lejos de ser algo complementario está siendo una competencia directa a lo público y además es un proceso patrocinado por las instituciones públicas. Esto es cada vez más evidente en el medio rural, en el que se están dando casos de cierres de centros públicos para alimentar a los centros concertados o privados. Es decir, las instituciones públicas están alimentando a las redes privadas para no ofrecer una mejor alternativa o dotar de más medios a lo público. No nos engañemos, este proceso no es casual ni está científicamente razonado sino que forma parte de unas directrices políticas (y de un credo) muy concretas que precisamente fomentan la creación de esas élites.

Este perfil educativo tan concreto no es más que una cara más del neoliberalismo salvaje. No es casual: son centros que promueven la desigualdad y la competencia despiadada como motivo de éxito, todo ello enfocado a un deseado éxito en los negocios o bien orientado a conseguir una mejor posición social. Es por ello por lo que las palabras del ahora ministro tienen especial gravedad: quieren enfocar la educación como una herramienta para fabricar seres especializados en un perfil concreto y que obedezca unos principios neoliberales basados en la competencia y la desigualdad. Lo triste es que esos principios neoliberales están entrando con cada vez más fuerza en lo público (o es que a lo mejor nunca se fueron) Es por ello por lo que debemos luchar porque la educación no se desvirtualice ni se aleje de su objetivo principal: formar ciudadanos libres y críticos. Y en eso los republicanos tenemos mucho que decir.

La educación desde un punto de vista republicano

Como defensores de los ideales republicanos está claro que nuestra apuesta es por la escuela pública como garante de una educación universal y de calidad. No hay más que echar un vistazo a la constitución de 1931 o a las reformas efectuadas con la II República. Por ejemplo:

Proporcionar una educación era obligación del Estado. Si bien es cierto que la educación privada se aceptaba en la República siempre y cuando no tuviera fines partidistas o religiosos.

La educación debe ser laica. Esto no quiere decir que se prohiba una determinada religión, quiere decir que en el ámbito educativo no se rinde culto a ninguna religión.

La educación es un bien social, en el sentido que debe ser capaz de preparar al alumnado para ser parte de una sociedad diversa y plural. 

¿Hasta dónde habremos retrocedido en valores humanos para que a la mayor parte de nuestra sociedad estos tres puntos les parezcan una utopía anticuada y acepten en su lugar el argumentario neoliberal a pies juntillas?

Es muy necesario que luchemos por una educación basada en el beneficio social y que se aleje de fomentar la desigualdad. 

El enemigo no lo pone nada fácil: su mensaje insolidario, individualista e inhumano es muy fácil de comprar y se cuela en los libros de texto. 

Tomemos los valores republicanos como punto de partida para construir una sociedad mejor con la educación pública por bandera. 

Es básico para tener ciudadanos libres y críticos que sean capaces de decidir razonadamente cómo quieren que sea la sociedad en la que viven. 



Jose Cuenca.-

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25.03.2018              SOBRE LA REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS         

                         

Una de las estrategias más usadas por parte del capitalismo para asegurar su supervivencia es la privatización de los servicios públicos fundamentales. Servicios como el abastecimiento del agua, limpieza de la vía pública o la gestión de los comedores escolares son solo unos ejemplos de servicios básicos que dejaron de estar gestionados desde lo público para estar manejados por empresas privadas. Una de las falacias más usadas por el capitalismo para justificar la privaticación de servicios consiste en asumir como dogma que la empresa privada, puesto que necesita obtener beneficio económico para seguir manteniendo su actividad, se encargará de gestionar de manera más eficaz ese servicio porque a mayor beneficio mejor gestión. Este argumento aparentemente verdadero y puramente basado en lo económico es el que vamos a desmontar para justificar la defensa de la gestión totalmente pública de servicios.

La defensa de los servicios públicos ha sido una de las banderas de las llamadas "candidaturas del cambio" y prácticamente a mitad de esta legislatura ha sido uno de los muros con las que muchos ayuntamientos conquistados se han topado.

¿A qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de reconquistar la gestión de los servicios fundamentales que ahora están en manos de empresas? Desde luego la externalización de servicios no beneficia a esas pequeñas y medianas empresas, sino que forman parte de un entramado más propio de un juego de casino en el que grandes multinacionales se reparten el  suculento pastel de los servicios básicos para la ciudadanía.

Estamos hablando de multinacionales del IBEX35 como FCC y sobre todo de grandes empresas que tras la crisis de la burbuja inmobiliaria entraron en la gestión de servicios públicos para garantizar su supervivencia; todo ello bajo el abrigo de las administraciones públicas y un marco legal que prácticamente les entrega las llaves de los ayuntamientos. La reforma del 135 fue la puerta de entrada para que los que antes especulaban con el derecho fundamental a la vivienda ahora lo hagan con los servicios básicos como el agua o la limpieza de jardines. Luchar contra este enemigo no es fácil porque además de tener mucho poder está amaparados por la ley. Pero hay que luchar; y lo hay que hacer porque queremos ser usuarios de servicios y no clientes de empresas. En definitiva: hay que luchar por pura dignidad democrática.

Un servicio, casi por definición, no tiene que ser rentable económicamente. Cuando invertimos en educación no esperamos obtener un beneficio económico directo de esa inversión, sino una rentabilidad social y que por lo tanto mejore la calidad de vida de la ciudadanía. Sin embargo se ha demostrado-como por ejemplo en el ayuntamiento de Madrid-que una gestión desde lo público de los servicios buscando la rentabilidad social además lleva consigo un beneficio económico. 

Analicemos el argumento capitalista del comienzo del texto desde un punto de vista puramente económico. ¿De dónde salen los beneficios que la empresa necesita para seguir funcionando y gestionando un servicio? Obviamente los beneficios salen de hacer negocio con el precio del servicio que presta. Por lo tanto, si el servicio está privatizado, es pagado o bien directamente por los usuarios o bien desde las arcas del ayuntamiento, que da dinero a esa empresa para que realice ese servicio. Es decir, el usuario además de ser un cliente y pagar un precio por el servicio, en la mayor parte de casos es también contribuyente, por lo que parte de sus impuestos acaban también en esa empresa.   

Otro argumento a favor de la gestión pública de los servicios tiene que ver con el IVA. Si la gestión es puramente pública está exenta del impuesto; pero si por ejemplo se realiza a través de una concesión, empresa mixta o similar entonces sí se debe pagar. Además las empresas mixtas no tienen las bonificaciones fiscales que las públicas sí tiene. 

Por lo tanto parece discutible ese axioma de que la gestión privada es más rentable que la pública. Uno de los ejemplos más claros que ponen en duda ese argumento es el que se dio en Madrid con la gestión de la M-30 por parte de Gallardón. En ese caso, se creó una empresa mixta entre el Ayuntamiento y un socio privado al que va a parar todos los años un beneficio asegurado del 7%. Es decir, hay una empresa privada que tiene blindado por varios años un flujo de ingresos por parte de lo público. No parece un escenario muy beneficioso para el ayuntamiento.

Más allá del argumento puramente económico (que insistimos, no es el principial) se pueden dar argumentos de calidad de servicio y estabilidad laboral. La privatización de un servicio suele venir acompañada de una peor calidad en el mismo, así como de una precarización del personal laboral. Expedientes de regulación de empleo, falta de pago a los trabajadores y recortes en seguridad laboral están a la orden del día en estas empresas que no dudan en explotar al trabajador para mejorar su margen de beneficios. Hay trabajadores en estas empresas que ni siquiera tienen un convenio actualizado o que no se movilizan de manera colectiva por miedo a perder su puesto de trabajo. Aun así, en este escenario, el poder judicial es cómplice de estas grandes empresas puesto que tiene bloquedas demandas de trabajadores que reclaman su sueldo, paralizadas ofertas públicas de empleo y ahogando burocráticamente a los procesos de remunicipalización en varios ayuntamientos.

El proceso no es fácil porque los enemigos son muy poderosos. Es necesario comenzar planteando una lucha ideológica que exija un rescate de nuestros servicios públicos y que obligue a tener unas condiciones laborales, medioambientales y sociales dignas. Un papel clave lo tienen los sindicatos. Es muy importante que la clase trabajadora los fortalezca para defender sus derechos de manera colectiva. Una de las tácticas más usadas por estas multinacionales siempre ha sido la de dividir a la clase obrera; ya sea usando el miedo o haciendo que compitan trabajadores entre ellos. Tenemos que evitar que nuestra clase se divida y los sindicatos son la herramienta que tenemos que usar para pelear como clase, de manera conjunta y colectiva.

Si el agua es de todos y el acceso a la misma es un derecho, ¿por qué dejamos que empresas privadas especulen con ella? La gestión de los bienes públicos debe realizarse desde lo público y no regalando nuestra soberanía a empresas privadas del IBEX 35. Es clave en una democracia. La población tiene derecho a decidir cómo quiere gestionar sus bienes, no necesitamos que empresas privadas vengan a explotar lo que es nuestro por derecho. Es hora de expulsarlos de nuestros ayuntamientos.  

Jose Javier Cuenca.-